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Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

Las personas jurídicas, en virtud de las reformas del Código Penal de diciembre de 2010 y julio de 2015, pueden llegar a ser responsables de los delitos cometidos
por sus administradores de hecho o de derecho, representantes legales, empleados o dependientes. Pueden ser también responsables de los delitos
cometidos por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas, pudieron ejecutar los hechos delictivos
en beneficio de la sociedad, atendidas las concretas circunstancias del caso.

¿En qué delitos?

El nuevo régimen de responsabilidad penal para las sociedades contempla, entre otros, delitos tales como los medioambientales; el tráfico de influencias; la revelación de secretos; los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores; la corrupción entre particulares y en transacciones internacionales; la estafa; la insolvencia punible; blanqueo de capitales; los delitos contra la ordenación del territorio; o los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

¿Qué penas conllevan?

Las penas contempladas para las personas jurídicas condenadas deben ser consideradas como graves. Hay que tener en cuenta que, con seguridad, implican una sanción económica y pueden, además, llevar aparejadas desde la suspensión de actividades, clausura de locales y establecimientos, inhabilitación para contratar con el sector público y obtener subvenciones y ayudas públicas, hasta la drástica disolución de la persona jurídica.

¿Se puede evitar ese riesgo?

La respuesta es sí: a través de un programa de cumplimiento normativo (Compliance) o de prevención de riesgos. Con la entrada en vigor, en julio de 2015, de la reforma del Código Penal, se contempla como circunstancia eximente de responsabilidad penal de la persona jurídica en aquellos supuestos en los que los delitos se comentan por los representantes legales o por aquéllos que actúen individualmente o como órgano integrante de la persona jurídica, el hecho de haber llevado a cabo, con carácter previo a la comisión del delito, las siguientes acciones, que integrarían el Programa de Cumplimiento Normativo de la empresa:

1
Ejecutar con eficacia los Programas de Cumplimiento Normativo que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
2
Supervisar el funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención por parte de un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica.
3
Que los autores individuales de los delitos (personas físicas) los hayan cometido eludiendo fraudulentamente los Programas Cumplimiento Normativo para la  Prevención de Delitos.
4
Que no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de las funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refería la condición segunda.

En el caso de que los delitos se cometan por los empleados sobre los que no se ha ejercido el debido control, se contemplará como circunstancia eximente el que, antes de la comisión del delito, la persona jurídica haya adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir, o reducir de forma, delitos de la naturaleza del que fue cometido.

Si se considerase que el Programa de Cumplimiento Normativo no es suficiente, en todo caso se podrá tener en cuenta como un atenuante a la hora de imponer la sanción penal.