Los programas de Compliance: un traje hecho a medida

 

Sobre la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Llevaba tiempo esperándose la publicación de una Circular por parte de la Fiscalía General del Estado que nos ofreciera unas guías sobre cómo entiende el Ministerio Fiscal que debe abordarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tras la importante reforma del Código Penal llevada a cabo a través de la LO 1/2015.

En esta ocasión nos vamos a centrar en los modelos de organización y gestión, que son analizados por la citada Circular, sin perjuicio de que otros aspectos también muy interesantes, sean analizados en posteriores cometarios a esta Circular.

Creemos que con acertado criterio, el Ministerio Fiscal no concibe los programas de cumplimiento normativo como un mero instrumento para evitar la sanción penal, sino que deben configurarse como la herramienta para promover una verdadera cultura ética empresarial.

Este tipo de programas deben tener un objetivo mucho más ambicioso (y a la vez útil) que ser un mero seguro frente a sanciones penales. Deben aspirar a guiar el comportamiento de la persona jurídica por cauces responsables, no sólo desde el punto de vista jurídico, sino también desde una perspectiva ética.

Afirma la Circular que muchas empresas se han dotado y se dotarán de completos y costosos programas con la única finalidad de eludir el reproche penal pero, más allá de su adecuación formal a los requisitos que establece el Código Penal, tales programas no pueden enfocarse a conseguir este propósito sino a reafirmar una cultura corporativa de respeto a la Ley, donde la comisión de un delito constituya un acontecimiento accidental y la exención de pena, una consecuencia natural de dicha cultura. De otra manera, se corre el riesgo de que en el seno de la entidad los programas se perciban como una suerte de seguro frente a la acción penal.

Consecuencia lógica de lo antedicho es que la Fiscalía considera que los modelos de organización y gestión, para ser hábiles a los efectos de generar una exención de responsabilidad para la persona jurídica, deben estar perfectamente adaptados a la realidad de la persona jurídica y por tanto a sus concretos riesgos.

En definitiva, los programas de compliance deben realizarse como un traje a medida, debiendo huir de meras reproducciones de los programas de otras empresas. Este tipo de prácticas, según la Fiscalía, suscita serias reservas sobre la propia idoneidad del modelo adoptado y el verdadero compromiso de la empresa en la prevención de conductas delictivas.

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